El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, criticó al premio Nobel de la Paz 2025 por conceder el galardón a la opositora venezolana de extrema derecha, María Corina Machado que alabó públicamente al primer ministro israelí.

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Seyed Abás Araqchi, puso en duda la credibilidad del Premio Nobel de la Paz después de que se supo que la ganadora del premio en 2025 alabó públicamente al criminal de guerra Benjamín Netanyahu a través de un comentario en su cuenta de X.

“Para muchos alrededor del mundo, el Premio Nobel perdió hace mucho la credibilidad que debería conferir. La razón de este colapso es cómo el galardón ha sido consistentemente desplegado como herramienta para perseguir gobiernos no occidentales considerados ‘adversarios’ de los intereses occidentales”, destacó el canciller iraní.

Araqchi subrayó que “la concesión del premio de ‘PAZ’ a una persona que agita a favor de la guerra contra su propio país mientras alaba a perpetradores de genocidio y crímenes de guerra en Palestina ha expandido enormemente esa noción”. María Corina Machado, la opositora de Venezuela premiada en este año, se vanagloriaba de haber hablado por teléfono con Netanyahu.

La opositora manifestó su respaldo a la campaña israelí en Gaza y calificó de «terroristas» a los movimientos de resistencia, incluyendo Hamás, Hezbolá y Ansarolá. 

Machado también ha pedido previamente que Estados Unidos intervenga militarmente en Venezuela, a través de planes implementados por su presidente Donald Trump.

La Corte Penal Internacional (CPI) ha formulado cargos contra Netanyahu por crímenes de guerra y contra la humanidad. De acuerdo con el derecho internacional, los 125 países que son miembros de la corte tienen la obligación de apresarlo cuando él entre a sus territorios.

La CPI dictó órdenes de detención contra Gallant y Netanyahu en noviembre de 2024 por delitos de lesa humanidad y crímenes bélicos vinculados con el genocidio que Israel está llevando a cabo contra los palestinos en la Franja de Gaza.

En la actualidad, los 125 países que han firmado el Estatuto de Roma están obligados por ley a capturar y extraditar a los individuos buscados por la CPI. El juicio no puede comenzar sin la presencia del acusado.

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